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Madrid: historia de un despropósito urbanístico (de Mangada a Gallardón)

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Los más jóvenes quizá sólo reconozcan a Tierno Galván, Juan Barranco o Joaquín Leguina como representantes del socialismo madrileño de los ochenta. Hubo, sin embargo, otro político que dejó huella en aquellos años: el arquitecto urbanista Eduardo Mangada. Miembro de la Federación Socialista Madrileña tras su expulsión del PCE en 1982, llegó a ser concejal de urbanismo con Tierno para, posteriormente, ocupar la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda durante la presidencia de Leguina.

A él se debe el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, más conocido como Plan Mangada. Intervencionista y planificador hasta el mínimo detalle, Mangada consideraba que la crisis económica mundial de fines de los setenta y primeros ochenta era la definitiva del capitalismo y que, por tanto, Madrid no iba a crecer más. Por tal motivo, declaró no urbanizable todo el suelo que separaba la ciudad del resto de municipios de la corona metropolitana. “Madrid no crece ni crecerá”, decía textualmente la Memoria del Plan, y denominó a este foso, con buen sentido del marketing, Cinturón Verde. Y no sólo eso. Ya que la ciudad no iba a crecer más, ¿para qué mejorar el transporte y las comunicaciones? Mangada afirmaba que no iba a aumentar el número de vehículos privados, que los ciudadanos harían en ferrocarril y autobús el 80% de sus desplazamientos. Despreció la M-40, que tildó de faraónica, y propuso como eje de transportes la llamada “J”, es decir, la M-30 inacabada y el distribuidor sur.

¿Y qué sucedió? Lo de siempre, que la realidad se impone. Madrid creció, y mucho, produciéndose consecutivamente tres efectos: Primero, que los aspirantes a madrileños se tuvieron que conformar con irse a vivir a pueblos de la corona; segundo, que, consecuentemente, las radiales de acceso a Madrid se colapsaron; y tercero, que el poquito suelo que quedó disponible en la capital fue objeto de la mayor especulación que se recuerda (no por causas atribuibles a una burbuja de crédito). En definitiva, que ya en 1988 hubo de acordarse entre las diferentes administraciones un Plan Especial de Accesos a Madrid.

En 1989, un pacto de gobierno entre los minoritarios PP y CDS, aupó a Agustín Rodríguez Sahagún a la alcaldía de Madrid. Ya desde un principio ambos partidos coincidieron en la necesidad de elaborar un nuevo Plan General para la capital que subsanara los defectos del anterior. Sin embargo, por diversas causas –desavenencias en la coalición, presencia de Mangada como Consejero en la Comunidad hasta 1991, desencuentros frecuentes con Leguina, y el propio trabajo de elaboración del Plan- no fue hasta 1997 que se aprobó el Plan hoy vigente. Sin duda, la llegada de Ruiz Gallardón a la presidencia de la Comunidad en 1995 fue decisiva para sacar adelante el ansiado proyecto, habida cuenta del reparto de las competencias urbanísticas desde que adoptamos el autonómico como modelo de Estado.

De hecho, con motivo de la aprobación definitiva del Plan –que la Comunidad  modificó en no pocos aspectos- Gallardón dejó bien claro que “a ninguna otra Administración le compete tomar decisiones sobre materias urbanísticas”; y también que, aunque la Comunidad no pretendía asumir la redacción inicial de los planes municipales, “la decisión final será del Ejecutivo regional”.

El Plan del 97 era bastante menos intervencionista que el del 85 aunque, como enfatizaron los medios de la época, de las nuevas 350.000 viviendas contempladas al menos el 50% debían sujetarse a algún régimen de protección. Además, se rechazaron algunas de las actuaciones inicialmente propuestas por el Ayuntamiento (El Pardo, Mingorrubio, campus de la UAM en Cantoblanco, etc.) por motivos medioambientales. La gran diferencia con el Plan Mangada era, no obstante, la reclasificación de una gran parte de los terrenos de situados en la periferia del municipio, en concreto los famosos PAUs (situados en el norte salvo Carabanchel y Vallecas) así como todos los desarrollos del Este (desde Los Cerros hasta Valdecarros).

Sin embargo, y a pesar de cinco años dedicados a la elaboración del Plan –se constituyó una oficina al efecto dirigida por Luis Rodríguez Avial- y del pleno ejercicio de las competencias urbanísticas por la Comunidad de Madrid, se cometió un terrible y sorprendente fallo: la memoria del Plan adolecía de la necesaria justificación motivada con los preceptivos informes medioambientales para reclasificar el suelo. Casi nadie discrepará de que, realmente, esos suelos no tienen un valor ecológico especial: su clasificación como rústicos protegidos tan sólo respondía al capricho de un arquitecto colectivista de inspiración soviética. Sin embargo, un Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley, en el cumplimiento riguroso de las normas y disposiciones que, en el urbanismo, siempre sospechoso de corruptelas, exige más rigor si cabe.

Lo cierto es que el Partido Socialista de la época detectó el fallo y, de la mano de Ecologistas en Acción, inició un procedimiento judicial que al cabo de nada menos que quince años le ha dado finalmente la razón. Sin embargo, esto pudo haber acabado mucho antes, en 2007.  Ante los reveses judiciales, el entonces alcalde Gallardón –de nuevo protagonista en esta historia-, propuso una solución calificada por los expertos como chapucera: un complemento a la Memoria para subsanar del Plan. Como dice el Tribunal Supremo en su sentencia irrecurrible, no se puede subsanar lo que es nulo de pleno derecho. Lo que se tenía que haber hecho entonces –y se hará probablemente ahora- es una Modificación del Plan General, un procedimiento que puede resultar lento y tedioso, pero absolutamente necesario para cumplir con la legalidad vigente.

El momento no puede ser más inoportuno: por un lado, una noticia del tipo “miles de viviendas en Madrid han sido construidas fuera de la legalidad” en los diarios extranjeros es la puntilla para la marca España y la seguridad jurídica. Por otro, el inevitable parón -aunque sea temporal- en la expedición de licencias de construcción: los brotes verdes del sector, que ya se empiezan a apreciar en sitios como Valdebebas, pueden marchitarse por falta de riego.

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comentarios
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1 Elcidmarkets, día

Es evidente la tendencia de los políticos de este país a saltarse las sentencias judiciales acerca de anulación de planeamiento urbanístico, escudados en la tardanza de las resoluciones y en que una sentencia recurrida no es firme, lo que les hace intentar hacer pasar cualquiera de sus caprichos por el atajo de los hechos consumados. Lo que se debió haber hecho es suspender el planeamiento ante la primera sentencia, y no continuar con el desarrollo de detalle de las zonas afectadas. En este momento, y ante las sucesivas modificaciones que desde entonces ha sufrido la legislación del suelo, es dudosa y se haría de manera chapucera una legalización sin más de lo ya desarrollado, con posibles actuaciones judiciales adicionales si se opta por esta vía. Si bien es cierto que las viviendas en general no están construidas, sí están ejecutadas buena parte de las obras de urbanización. Si se solicita la ejecución de la sentencia, algo muy probable tratándose de Ecologistas en Acción, podría no haber base jurídica para impedir la demolición de lo ejecutado. Con el consiguiente irreparable perjuicio para muchos cooperativistas que ya han adelantado un dinero en promociones en estas zonas acogidas a este sistema de promoción. La responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid puede ser muy elevada. Esta es la gran trascendencia de la sentencia, que creo que podría merecer un artículo adicional. Un saludo y enhorabuena por su blog.

2 pvl, día

Jejeje, pues a ver si los social-comunistas son por una vez coherentes con sus postulados y cuando, antes o después, vuelvan a la alcaldía de Madrid y a la presidencia de la CA de Madrid, ordenan "restaurar la legalidad vigente" que implica demoler las 300.000 viviendas de los PAUs ilegales.

3 jose man, día

para pvl: desgraciadamente, eso no es posible. de eso se aprovechan los promotores, que son los amigos del pp. no pueden derruir esas viviendas, porque la mayoria de los ciudadanos que las compraron, no tenian ni idea, de la ilegalidad de la actuacion del partido popular en madrid. es ppenoso la forma mafiosa de obrar del partido popular. primero miran las consecuencias y saben perfectamente que nadie derrumbara esas obras....igual que el desdoblamiento de la 501 y otras operaciones....

el tribunal, deberia juzgar ya, esa forma de actuar. no con paralizaciones de obra, sino con prision y alejamiento de cargo publico para esta gentuza.

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