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El desastroso papel de EEUU en la Guerra contra las Drogas (Parte 2/2)

Angel Martín Oro
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En la anterior entrada introduje el tema de la controvertida guerra contra las drogas, exponiendo algunas declaraciones de importantes líderes latinoamericanos (más bien ex-líderes), en las que llamaban a replantearse el enfoque actual. Algunos incluso pedían directamente la legalización de las drogas, por los efectos perniciosos que ha causado en sus países la prohibición y la política oficial seguida por los gobiernos, tal y como se explica en el texto que transcribo, enfocado en la región andina.

Como por ejemplo las fumigaciones de cultivos de coca de las que hablaba la anterior entrada. Éstas tienen efectos que pueden verse de una forma muy viva y directa en la desgarradora y excelente crónica/reportaje de José Luis Sánchez Hachero (autor también del artículo del Colectivo Burbuja que enlacé) sobre el mundo de la cocaína en la selva colombiana. Recomiendo encarecidamente que lo lean completo. Rescato algunos párrafos que me han parecido especialmente destacables:

Tras catorce años de fumigaciones, la coca no desaparece sino que se multiplica. Además, las consecuencias no pueden ser peores: decenas de miles de hectáreas de selva arruinadas, problemas de salud y miles de desplazados.

El herbicida no destruye sólo los cultivos de coca. También cae sobre los de plátano o maíz, sobre el ganado y sobre las mismas personas.

El alcalde de una localidad importante, Pedro Arenas, afirma que

“Catorce años de fumigaciones permanentes no han servido para acabar con los cultivos sino para duplicar, o tal vez triplicar, la deforestación porque en la medida en que no hay desarrollo alternativo, las familias se van más adentro en la selva, talan el bosque y vuelven a cultivarla, un ciclo que se repite todos los años”. El resultado, asegura, un 60% de desnutrición infantil, más de 7.000 quejas presentadas por destrucción de cultivos lícitos.

doña María llora la reciente muerte de su hijo cuando pisó una mina en su propia finca. ‘Por el cielo nos cae el veneno de la fumigación, por un lado disparan los guerrilleros a los militares, que están en el otro lado disparando también. Por si fuera poco, han sembrado el suelo de minas…’.

“Para acabar con una hectárea de coca estimamos que devastan hasta seis de bosque, un crimen ecológico sin precedentes”

Pedro Arenas defiende la despenalización del pequeño productor de coca, y añade:

‘Creían los dogmáticos de la tolerancia cero que para el 2008 el mundo iba a estar libre de drogas, pero la realidad es completamente distinta. Sólo han acrecentado el problema, y lo único que han hecho es hacer transitar al mundo de las llamadas drogas de origen natural hacia las de diseño o de laboratorio…’

Precisamente esta política de fumigaciones viene instigada por EEUU. Por eso, en esta entrada continúo con la segunda parte del texto, que trata específicamente de la política seguida por los Estados Unidos en la cuestión de la lucha contra las drogas y la seguridad exterior, dos áreas que especialmente después de los ataques del 11-S están íntimamente relacionadas.

Como decía, me parece un texto muy ilustrativo y descriptivo. Además, según lo que se puede deducir, el autor está lejos de ser un libertario defensor de la despenalización por motivos “ideológicos” (por decirlo de alguna manera). Más bien, me parece una visión poco sesgada y bastante objetiva, dentro de lo posible, de los efectos de esta política sobre la región andina. Y que cada uno saque sus propias conclusiones.

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El siguiente extracto proviene del ensayo “Los países andinos: tensiones entre realidades domésticas y exigencias externas” (pp. 164-170 y 177-184), escrito por Rafael Duarte Villa y que forma parte del libro de ensayos “América Latina a comienzos del siglo XXI: Perspectivas económicas, sociales y políticas”, coordinado por Gilberto Dupas y publicado en 2005. Rafael Duarte Villa es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidade de Sao Paulo.

LOS ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN ANDINA: POLÍTICA DE SEGURIDAD

Agenda de seguridad regional y drogas

Desde las administraciones de Reagan (80-88) los EEUU han definido a las drogas como un‘problema de seguridad nacional’. Y el combate a la amenaza a la seguridad nacional debería venir de un ataque in locus contundente a la oferta de la droga (según datos de Paul Kennedy, al principio de los años 90 los EEUU, con apenas el 5% de la población mundial, consumían el 50% de la cocaína producida en el mundo), es decir, atacar la producción en su fuente en países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Basados en esta premisa, desde el gobierno de Bush padre (89-93), se volvió común entre los policy-makers estadounidenses incorporar a su vocabulario diplomático la expresión de efecto Guerra a las Drogas. A la vez, en 1989, la administración Bush lanza la National Drug Control Strategy, con la cual se “explicitaba la externalización de la lucha a través del uso de la política externa”.

La invasión a Panamá para capturar a un antiguo ex aliado, Manuel Noriega, en 1989 sería el gran punto de inflexión por parte de los EEUU en la política de ‘tolerancia cero’ con las drogas, mostrando una disposición del gobierno para utilizar cualquier medio, como las extradiciones de narcotraficantes o militares. “Luego de la captura del presidente panameño Noriega en 1989, el mensaje de la política antidroga estadounidense sonaba cristalino: el tráfico de psicoactivos ilegales pasará a ser visto por el gobierno de los EEUU como un blanco primordial de su seguridad nacional. Como preocupación fundamental, el narcotráfico debería ser combatido con todas las fuerzas, lo que para el gobierno de Bush, significaba militarización”. En tal marco se desarrollará la política de los EEUU de combate a las drogas en la región andina.

La política de going to the source –ir a la fuente- encontró una sólida base empírica para los policy-makers de los gobiernos de EEUU en el hecho de que en el Chapare de Bolivia y en el Alto Huallaga de Perú se cultivaban entre 80-90% de las hojas de coca que alimentaban la producción de cocaína en el mundo. El eje central de la Guerra a las Drogas desde principios de la década de 1990 se transformó entonces en lo que se llamó Estrategia Andina. Tal estrategia condensa cuatro puntos fundamentales: 1) fortalecimiento de las instituciones políticas de los países clave en la oferta de drogas ilícitas (Bolivia, Colombia y Perú); 2) fortalecimiento operativo de unidades militares y policiales encargadas del combate al circuito de la droga(erradicación de cultivos, comercio de precursores químicos, destrucción de laboratorios, interdicción de drogas, detección de rutas y penalización del lavado de dinero), así como 3) el asesoramiento militar y policial directo a los países andinos para el desmantelamiento decarteles (Colombia) y de firmas (Perú) de la droga, que incluye, en el caso de Colombia, una política de extradición de narcotraficantes; y, finalmente, 4) una asistencia comercial y fiscal a los países andinos mencionados para atenuar las consecuencias sociales que tendrían, como de hecho tuvieron: la privación de medios de subsistencia de comunidades locales. Entre estos últimos mecanismos, vale mencionar las ya discutidasAndean Trade Preferences Act de 1991 y la más reciente Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) de agosto de 2003. Así, solo en el periodo de 1994-96, Bolivia, Colombia y Perú consumieron entre el 88-91% del presupuesto internacional antidrogas de los EEUU.

Esta ayuda en el financiamiento del combate al cultivo y tráfico de la droga era, de alguna manera, sensible a lo que convencionalmente se llamó responsabilidad compartida, es decir, las responsabilidades no podrían ser atribuidas únicamente a los países productores, sino también a aquellos que la consumían, “Responsabilidad compartida fue la respuesta de América Latina a la estrategia de los EEUU de ir hasta la fuente (…) Los llamados productores objetaron que ellos no son los únicos culpables por el tráfico de drogas y que de la misma forma deberían ser combatidas la oferta y la demanda, y que alternativas económicas deberían ser puesta a disposición de miles familias que plantan drogas”. En esta última dirección, iniciativas como la ATPA y ahora el mecanismo de la ATPDEA, fueron justificadas por el gobierno de los EEUU como medios de promoción de fuentes alternativas de empleo y de renta que combatan los negocios ilícitos generados con la droga.

Además, los gobiernos de los EEUU han lanzado la estrategia de certificaciones para presionar a los países de la región. Esta política consiste en publicar, a principios de cada año, una lista de países que, a juicio de Washington, no fueron suficientemente cooperativos en el combate a la producción de drogas ilícitas. Nuevamente, en una lógica de castigo y recompensa, aquellos países cuyos esfuerzos sean evaluados como insuficientes para el combate al tráfico de drogas podría ver suspendidas sus ayudas comerciales, fiscales y militares por parte de los EEUU, así como también tendrían dificultades para obtener paquetes de préstamos de organismos como el FMI. En la década de 1990, la Colombia del presidente Samper (94-98), acusado por laDrug Enforcement Agency (DEA) de haber tenido su campaña financiada por el narcotráfico y de que su gobierno fuera una narcocracia, llegó a ser descertificadas en dos oportunidades.

Sin embargo, la estrategia más polémica de los Estados Unidos en relación a los países andinos clave se refiere a su contribución a la militarización del combate al tráfico de drogas. En principio, la estrategia consistía en la adjudicación de un volumen considerable de ayuda militar para armamento y entrenamiento por parte de asesores del gobierno de los EEUU para las fuerzas militares y policiales especializadas en combate al tráfico de drogas de los países fuentes. Es importante remarcar este punto porque el medio de combate tradicional –las fuerzas policiales- pasó a ser reemplazado por fuerzas especiales del Ejército, como en el caso de la fuerza antidroga boliviana, UMOPAR, y las propias fuerzas armadas en Perú, país que también crearía su fuerza antidroga, la DINANDRO.

El caso de Bolivia es el ejemplo más claro de esta estrategia. Desde 1986, en una operación que quedó conocida como Blast Furnace, los sucesivos gobiernos bolivianos, en cooperación con los gobiernos de los EEUU, han desarrollado un exitoso plan de erradicación de plantaciones, que cuenta con la participación de militares y agentes estadounidenses… Esta cooperación militar con el gobierno boliviano era la piedra angular para la política de erradicación de “Coca Cero” en el gobierno Bánzer (89-93), aunque se debe decir que Bolivia siempre se resistió a la política de fumigación de plantaciones de hoja de coca.

Sin embargo, la política de combate a la droga en la fuente se mostró limitada porque nuevamente reforzó el “efecto globo”. En una evaluación de la política degoing to the source un analista concluyó que “El resultado de diez años de guerra al narcotráfico en los Andes difícilmente podría ser más demoledor: mientras no se ha conseguido reprimir ni siquiera el negocio ilegal del narcotráfico en los países clave, Bolivia, Colombia y Perú, en el ínterin, ya no queda ningún país latinoamericano que no esté de una u otra manera en esta actividad”(Lessmann, 1997).

Constatado el efecto compensación, la estrategia se orientó a una acción más directa, concretada en el Plan Colombia, que centraba el eje en Colombia, relativizando el problema en Bolivia y Ecuador, dado que con la multiplicidad de actores inmiscuidos en el conflicto civil colombiano se contemplan y vislumbran otros problemas para la seguridad de los EEUU, interdependientes con el problema del tráfico de drogas.

El Plan Colombia en la agenda de seguridad

El otro eje del mecanismo militar de combate a la producción y tráfico de drogas ilegal era la militarización por la vía de la internacionalización, lo que hacía barajar la posibilidad de que los EEUU intervinieran de una manera más abierta y directa en el combate al problema de la región andina. Conviene reafirmar que la cooperación entre los países andinos y los EEUU fue siempre intensa desde los dos periodos de Reagan, incluyendo firmas de acuerdos para la provisión de equipamientos, entrenamiento de militares y policías, además de la presencia de asesores estadounidenses. Y a partir de 1988, en cada estrategia anual antidrogas se ha agregado la variable del uso de las fuerzas armadas en las tareas antidroga. Pero la entrada en vigencia del Plan Colombia supone un involucramiento más directo del gobierno de los EEUU en la lucha antidroga. En palabras de Bonilla, “el acercamiento realista que acompaña la práctica de las estrategias antidrogas del Departamento de Estado está focalizado en la interdicción y en el control; en este sentido, no puede ser eficaz, porque supone capacidades que los Estados andinos particularmente no tienen”.

Basado en n sólido consenso bipartidario entre demócratas y conservadores, el Congreso de los EEUU aprobó en 1999 el Plan Colombia. El Plan, de 7.500 millones de dólares, presenta tres componentes: el componente A, que consiste en la aproximación del Estado colombiano a las poblaciones afectadas por la violencia a través de inversiones sociales y sustitución de plantaciones de coca. Para este objetivo, el Estado colombiano debería asignar 4.000 millones de dólares. El componente B consiste en la asistencia técnica, militar y financiera de los EEUU, en un monto de 1.300 millones de dólares, para el combate antidroga en la región andina, especialmente en Colombia. En realidad, tan solo 180 millones serían destinados a los vecinos colombianos; y el componente C sería la contribución europea a la Paz. Por otra parte, no todos los recursos financieros de la asistencia norteamericana entrarán al país. Una parte importante quedará para la compra de material bélico en empresas norteamericanas y para la contratación de mercenarios de este país que vendrán a combatir en Colombia. [Nota: me figuro si los argumentos de Public Choice de grupos de presión encajarían aquí en relación al complejo militar estadounidense y la política del gobierno].

Ciertamente, la planificación y aplicación del Plan Colombia fueron facilitados por la visión de la mayor parte de los gobernantes andinos sobre la naturaleza transnacional de la problemática del narcotráfico: “La percepción de los Estados andinos, especialmente la que se ha generalizado en Colombia, es la de que el narcotráfico no es un tema que se pueda administrar esencialmente como política interior o como simple capacidad de Estado”.

Dos años antes de la implantación del Plan Colombia, el gobierno de Clinton en 1998 firmó un acuerdo con el gobierno de Ecuador para la transformación de la base aérea de Manta (en el noroeste del litoral ecuatoriano) en una Base Avanzada de Operaciones de los EEUU, en la cual, se supone, se encuentran acantonados aproximadamente 500 soldados de los EEUU y las fuerzas de inteligencia para monitorear aviones y plantaciones ilícitas en la región sudoeste de Colombia. Este posicionamiento geoestratégico ha llevado a algunos autores a levantar la tesis, que en principio puede ser exagerada, de que la combinación de militarización de la lucha antidroga con el Plan Colombia estaría operando una redefinición de los intereses regionales en América Latina, en una estrategia en la que Washington, ya dominando su mare nostrum caribeño, busca ahora un control efectivo en los Andes.

Sin entrar en el mérito de esta hipótesis, lo cierto es que el Plan Colombia y la presencia de fusileros navales americanos en la base de Manta pusieron a la región de los Andes en un umbral de alta visibilidad en los aspectos relacionados con la seguridad regional. Muestra, por otro lado, que los gobernantes de EEUU son capaces de aplicar medidas enérgicas en la guerra contra las drogas, acompañándolas de una diplomacia que busca atenuar las críticas de aquellos que trataron al Plan Colombia, al principio de su deflagración, como el inicio de un nuevo Vietnam.

Los acontecimientos del 11-S marcarían la relación de la política externa de los EEUU con la región andina. Desde mediados de los 90, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno colombiano venían insistiendo en los estrechos vínculos de la guerrilla colombiana y los narcotraficantes. En palabras del presidente Samper (94-98), la guerrilla colombiana se había “narcotizado”, es decir, parte del financiamiento de la guerrilla de las FARC y del ELN pasaron a tener como principal fuente los impuestos de guerra y el pago por protección de plantaciones, laboratorios y cargamentos de los narcotraficantes. Esta extraña alianza entre guerrilla y narcotraficantes pasó a ser incorporada al vocabulario político de los policy-makers de Washington y Bogotá comonarcoguerrilla. Ni aun cuando la militarización de la represión antidroga en países como Colombia y Perú tenía como objetivo encubierto el combate a las fuerzas guerrilleras, tal objetivo había sido presentado de forma tan explícita.

Con el 11-S, tal objetivo se hace explícito, pasando el combate al narcotráfico y a la guerrilla, así como a los grupos paramilitares de activa actuación en Colombia. En otras palabras, el combate de uno va ligado al combate del otro. Lo que posibilita este cambio es que, después del 11-S el gobierno de Bush no diferenciará más entre la acción de grupos guerrilleros, de paramilitares y de narcotraficantes en la región andina. La guerra a las drogas significaba la guerra al terrorismo. El cambio conceptual que se produce entonces es que la narcoguerrilla da paso al narcoterrorismo. Se inician a partir de ahí intensas presiones de los gobiernos de los EEUU y de la Colombia de Uribe para que los vecinos andinos, así como Brasil, pasen a certificar como terroristas a grupos como las FARC.

En el plano de los hechos, en 2011, la administración Bush lanza la Iniciativa Regional Andina. Este programa orienta los fondos no sólo hacia Colombia, sino que incluye a países andinos, además de sumar a Brasil y Panamá. El Programa rebautizado posteriormente como Iniciativa Andina Antidrogas (IAA) tuvo un presupuesto aprobado por el Congreso de EEUU de 700 millones de dólares, y para 2004, de 731 millones. Sin embargo, en los dos presupuestos, la prioridad dada a Colombia es evidente: un 63% del presupuesto está destinado a los programas de erradicación y pulverización de la droga a larga escala, así como para el entrenamiento y compra de equipamientos militares, repartiéndose el restante de los 731 millones entre Perú, Bolivia y Ecuador, en este orden (alrededor de 630 millones serían para financiar la erradicación, fumigación e interdicción de la droga, así como para el refuerzo de las leyes y plantaciones alternativas).

Lo novedoso de la IAA está precisamente en el hecho de que se borra cualquier indicio de estrategia diferenciada de combate a grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. “El Congreso de los EEUU aprobó y la administración solicitó que se borrara la línea que separa los programas antiterrorismo y antidrogas, permitiendo que toda ayuda relativa a la seguridad fuera orientada también al combate a las guerrillas y a los paramilitares”. En la práctica, como sostiene Meza, si hasta el 11-S el combate encubierto a las organizaciones guerrilleras se había justificado con el argumento de que la guerrilla representaba un obstáculo al combate del narcotráfico (porque dependía del mismo y lo protegía), desde los atentados terroristas al territorio de los EEUU “es legal la extensión de esta ayuda a las actividades antiterroristas”.

En realidad, la mayor parte de los gobiernos andinos parece haberse encontrado frente a un dilema respecto de la política de seguridad de los EEUU para la región: si bien algunos de estos gobiernos, como el de Ecuador, se resienten del excesivo privilegio dado por los EEUU al financiamiento y apoyo militar al gobierno colombiano, permitiendo a “Washington presionar a la región para que participe de sus cruzadas globales”, por otro lado, no se atreven a discordar abiertamente por temor a los costos políticos y económicos de no participar de las políticas de seguridad nacional de Washington. Es cierto también que temen que, al rechazar abiertamente el Plan Colombia, pierdan cobertura económica de los EEUU para financiar los efectos generados por el conflicto sobre sus territorios. Tal vez la única excepción sea Venezuela.

Los resultados preliminares del Plan Colombia en lo que se refiere a la erradicación en sí de las drogas parecen dejar un saldo positivo, si consideramos los datos brindados por el mismo gobierno de los EEUU, de Colombia y de la ONU. Aunque algunos autores, como Meza (2004), no están de acuerdo (El tema es controvertido. Diferente de la opinión de Meza, Fernando Ulloa afirma que incluso durante el mandato de Uribe ya se registró una disminución de un 30% de las plantaciones sin las controversias que, tradicionalmente, surgen en torno a estas cifras),los datos muestran una reducción, de más de la mitad, del cultivo de la coca en el sur de Colombia. En esta región del país, el cultivo de coca cayó de 80.000 a 40.000 hectáreas entre 2001 y 2001. Según datos de la ONU, habría habido en estos dos años una reducción del 30% del área cultivada de coca en las diferentes regiones del país. Y el propio gobierno colombiano anunció en 2004 que, en la frontera noreste con Venezuela, de 35.000 ha. de coca en 2001 restan tan solo 3.000.

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